sábado, 4 de febrero de 2017

Aborto (2013). Defensores del aborto intimidan a testigos y encubren escándalo sobre anticonceptivos que tienen efectos secundarios mortales. Se pagaron incentivos en dinero a médicos locales de África para que colocaran inyecciones a miles de mujeres desprevenidas en un ensayo subvencionado en parte por Usaid y la Fundación Gates. Los activistas, junto con donantes adinerados que aportan a la salud reproductiva, temen que estas revelaciones obstaculicen los derechos reproductivos. Entre las violaciones perpetradas por compañías farmacéuticas, proveedores de salud y fundaciones, se encuentran experimentos antiéticos realizados con mujeres africanas y el uso extendido del anticonceptivo inyectable Depo Provera en millones de mujeres de color pobres, pese a sus conocidos efectos secundarios mortales documentados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Institutos Nacionales de la Salud. «Son personas como yo que se dicen progresistas las que están perjudicando a las mujeres porque quieren que todos tengan un modo de razonamiento: abortar», explicó Fosu, «eliminar el embarazo por cualquier medio necesario».



1 Aborto (2013). Defensores del aborto intimidan a testigos y encubren escándalo sobre anticonceptivos que tienen efectos secundarios mortales. Se pagaron incentivos en dinero a médicos locales de África para que colocaran inyecciones a miles de mujeres desprevenidas en un ensayo subvencionado en parte por Usaid y la Fundación Gates. Los activistas, junto con donantes adinerados que aportan a la salud reproductiva, temen que estas revelaciones obstaculicen los derechos reproductivos. Entre las violaciones perpetradas por compañías farmacéuticas, proveedores de salud y fundaciones, se encuentran experimentos antiéticos realizados con mujeres africanas y el uso extendido del anticonceptivo inyectable Depo Provera en millones de mujeres de color pobres, pese a sus conocidos efectos secundarios mortales documentados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Institutos Nacionales de la Salud. «Son personas como yo que se dicen progresistas las que están perjudicando a las mujeres porque quieren que todos tengan un modo de razonamiento: abortar», explicó Fosu, «eliminar el embarazo por cualquier medio necesario». Created on Tuesday, 10 December 2013 13:53 By Lisa Correnti WASHINGTON, D.C., 6 de diciembre (C-FAM) Un defensor de los derechos humanos acusa a activistas proaborto de intimidar a testigos para encubrir efectos secundarios mortales y pruebas médicas antiéticas de un anticonceptivo de acción prolongada que se inyecta a las mujeres en África. Justo antes de una audiencia programada esta semana en el Congreso de los Estados Unidos, que podría dar origen a una modificación en la política de los programas internacionales estadounidenses de planificación familiar, Imani Walker, directora ejecutiva de Rebecca Project (Proyecto Rebeca), sucumbiendo a la presión de Planned Parenthood, se apoderó del ordenador de uno de los testigos claves (Kwame Fosu, director de políticas del Proyecto) y envió correos electrónicos a empleados del congreso en los que anunciaba que había sido despedido, dijo Fosu a Friday Fax en una entrevista exclusiva. Según Fosu, la medida de Walker fue simplemente el accionar más reciente en tres años de ataques contra él por parte de «ideólogos de los derechos reproductivos» desde que publicó informes que revelan violaciones de los derechos humanos dentro de programas de planificación familiar. Fosu es autor de Depo Provera: violencia mortal contra la mujer. Se pagaron incentivos en dinero a médicos locales de África para que colocaran inyecciones a miles de mujeres desprevenidas en un ensayo subvencionado en parte por Usaid y la Fundación Gates, dijo Fosu. Los activistas, junto con donantes adinerados que aportan a la salud reproductiva, temen que estas revelaciones obstaculicen los derechos reproductivos, afirmó. Entre las violaciones perpetradas por compañías farmacéuticas, proveedores de salud y fundaciones, se encuentran experimentos antiéticos realizados con mujeres africanas y el uso extendido del anticonceptivo inyectable Depo Provera en millones de mujeres de color pobres, pese a sus conocidos efectos secundarios mortales documentados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Institutos Nacionales de la Salud. «Son personas como yo que se dicen progresistas las que están perjudicando a las mujeres porque quieren que todos tengan un modo de razonamiento: abortar», explicó Fosu, «eliminar el embarazo por cualquier medio necesario». El congresista William Lacy Clay, alto miembro del Caucus Negro del Congreso, dijo a Fosu que su oficina había recibido varios llamados de Planned Parenthood para denigrarle. Planned Parenthood, principal distribuidor de Depo Provera, recibe millones de dólares del dinero público estadounidense para administrar el medicamento en los Estados Unidos y en el exterior. Clay llevó a cabo una reunión informativa en septiembre sobre funcionarios que engañan a las mujeres, particularmente en África, acerca de las complicaciones médicas asociadas al Depo Provera. 2 Fosu describió el torbellino que se desató dentro de la comunidad de derechos reproductivos inmediatamente después del lanzamiento de su primer informe en un panel especial patrocinado por el congresista John Conyers en 2010. En The Outsourcing of Tuskegee -Nonconsensual Research in Africa (Subcontratamiento de Tuskegee. Investigación sin consentimiento en África), Fosu pormenoriza un experimento antiético dirigido por el dr. James Phillips en representación del Consejo de Población. Un médico del Johns Hopkins y miembro de la fundación Bill y Melinda Gates que había trabajado en Ghana contactó a Fosu y ofreció pruebas de que lo que el dr. Phillips presentaba como asistencia médica de rutina era de hecho un ensayo clínico del Depo Provera (anticonceptivo de efecto prolongado) de la compañía farmacéutica Pfizer. Médicos locales de la región de Navrongo recibieron incentivos económicos en forma de estipendios, honorarios de consulta y oportunidades de publicación en revistas de investigación por el acceso a las mujeres. Se inyectó a unas nueve mil sin su consentimiento. El estudio fue subvencionado en parte por la Fundación Gates y Usaid. Tras la publicación de The Outsourcing of Tuskegee, el Proyecto Rebeca fue sometido a la presión extrema de fundaciones de salud reproductiva, de activistas de la salud sexual y reproductiva y de diagramadores de políticas para que se retirara el informe. Oficinas de dos congresistas demócratas advirtieron a Fosu que su estudio podía ser perjudicial para el movimiento de derechos reproductivos y que los republicanos lo utilizarían para luchar contra el aborto. Fosu dijo que, cuando se negó a ceder, Edee (Malika) Saada Saar, entonces directora ejecutiva del Proyecto Rebeca, comenzó a trabajar secretamente con Shira Saperstein, del Fondo Moriah, y con defensores de Planned Parenthood. El intento fallido de Saar de desacreditar el informe de Fosu condujo a su renuncia e inmediatamente después el Fondo Moriah y las fundaciones Ford y Novo retiraron su subvención cercana al millón de dólares. Varios directivos del Proyecto Rebeca (aliados de Saar vinculados a medios de comunicación y al gobierno de Obama) renunciaron. Saar inmediatamente encontró fondos para dar inicio a su propia organización. Se obtuvo un correo electrónico revelador de la oficina del representante John Conyers, influyente congresista del Comité de la Magistratura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Shira Saperstein escribió a los directivos de las agrupaciones proabortistas Planned Parenthood, Change, Ibis, Guttmacher, e Ipas. Fosu y otros seguirían «promocionando el informe, probablemente de modo más agresivo, aunque es de esperar que con menos credibilidad y con subvenciones en rápida disminución». Más tarde Fosu descubrió que mientras que Saperstein refutaba los hallazgos del informe en cuanto a que el Depo Provera tenía efectos secundarios letales, su agrupación simultáneamente subvencionaba a varias agrupaciones que restringieron con éxito el Depo Provera en Israel. Estas se oponían a las inyecciones de anticonceptivos que se daban a las mujeres etíopes porque «pueden producir graves efectos secundarios físicos y psicológicos, y no se recomienda... salvo en casos excepcionales». El Departamento de Justicia debería analizar por qué Saperstein apoya acciones para proteger a las mujeres judías negras de Israel del daño del Depro Provera, dijo Fosu, a la vez que «promueve agresivamente» ese producto en las comunidades negras de Estados Unidos y África. Fosu aduce que la Fundación Gates, Usaid, Planned Parenthood y Pfizer tienen pleno conocimiento de las pruebas científicas de que el Depo Provera es un peligroso cancerígeno, no obstante «lo ocultan a sabiendas» y colaboran con su distribución generalizada en toda el África subsahariana. Los defensores de los derechos reproductivos están invirtiendo fuertemente en la distribución del Depo Provera entre mujeres y niñas incultas y pobres. En una conferencia reciente sobre planificación familiar celebrada en Etiopía y copatrocinada por la Fundación Bill y Melinda Gates, se presentaron estudios elaborados por Usaid, Path y varios diseñadores de políticas de derechos reproductivos que versan sobre cómo ampliar la distribución de Depo Provera en comunidades rurales de los países menos desarrollados. 3 Están en marcha iniciativas para hacer que lo distribuyan «tiendas de medicamentos» o farmacias. Este sistema libre permite que sea administrado por personas que no son profesionales médicos. Se realizaron también estudios en Senegal y Uganda sobre el ensayo de una nueva versión de Depo Provera llamada Sayana Press: presentación autoinyectable desarrollada por Path a partir de fondos de Usaid. Ambos sistemas de aplicación podrían poner trabas para que las mujeres reciban asesoramiento sobre la gran cantidad de efectos secundarios graves, según lo dispuesto por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Defensores de los derechos reproductivos y diseñadores de políticas han llevado el financiamiento mundial para la planificación familiar a más de 7 mil millones de dólares anuales, en gran medida dirigidos a mujeres y niñas pobres de países en desarrollo. Fosu cree que una ideología eugenésica está impulsando a fundaciones acaudaladas y a programas gubernamentales de desarrollo para adoptar programas antiéticos de control demográfico a fin de evitar que cierta clase de personas (las pobres y de color) se reproduzca. La planificación familiar y el aborto a menudo se presentan como formas de reducir el número de muertes por parto. O, como dice Fosu, «Ellos creen que el único modo de prevenir la mortalidad materna es eliminando nacimientos. Esto es completamente falso. No invierten en nada que eduque o cure a las mujeres en África y en comunidades de escasos recursos». La Universidad de Harvard ha reconocido al Proyecto Rebeca por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños, y ha creado un sector especial para sus publicaciones en la Biblioteca Schlesinger del Instituto Radcliffe, en Harvard. La audiencia del congreso a la que Fosu fue enviado a testificar fue reprogramada para enero por motivos no relacionados. Ayer, la junta directiva del Proyecto Rebeca declaró que las medidas de Walker fueron antiéticas y carentes de autoridad, y consideró «los correos electrónicos no autorizados como malintencionados y tendientes a desestabilizar la importante labor del Proyecto Rebeca que revela las prácticas médicas antiéticas en África y el daño del Depo Provera». www.parroquiasantamonica.com Vida Cristiana

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