El delito de opinión por disuadir del aborto (2016). ¿Es lo mismo encadenarse a la puerta de un quirófano para impedir que se practique un aborto que ofrecer en una web consejos y alternativas para que una mujer lleve adelante su embarazo en vez de abortar? Para la ministra francesa de los Derechos de las familias, de la infancia y de las mujeres, Laurence Rossignol, parece que sí, y por eso intenta castigarlo con las mismas penas que ya se aplican desde 1993 al primer supuesto: hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa. Se trataría de un “delito de obstaculización digital”.

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1  El delito de opinión por disuadir del aborto (2016). ¿Es lo mismo encadenarse a la puerta de un quirófano para impedir que se practique un aborto que ofrecer en una web consejos y alternativas para que una mujer lleve adelante su embarazo en vez de abortar? Para la ministra francesa de los Derechos de las familias, de la infancia y de las mujeres, Laurence Rossignol, parece que sí, y por eso intenta castigarlo con las mismas penas que ya se aplican desde 1993 al primer supuesto: hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa. Se trataría de un “delito de obstaculización digital”. Uno podría pensar que la penalización de la libre expresión en Internet está reservada a las webs yihadistas o similares, pero para el gobierno socialista francés estas webs provida son también muy peligrosas. No es que inciten a la violencia ni a la ocupación de una clínica, ni que insulten a su personal. Pero la ministra les acusa de “engañar deliberadamente a los internautas haciéndose pasar por sitios oficiales o neutros, y tratando de disuadir a las mujeres de recurrir a la IVG [interruption volontaire de la grossesse]” Publicado el 4 octubre, 2016 – El Sónar, Ignacio Aréchaga ¿Es lo mismo encadenarse a la puerta de un quirófano para impedir que se practique un aborto que ofrecer en una web consejos y alternativas para que una mujer lleve adelante su embarazo en vez de abortar? Para la ministra francesa de los Derechos de las familias, de la infancia y de las mujeres, Laurence Rossignol, parece que sí, y por eso intenta castigarlo con las mismas penas que ya se aplican desde 1993 al primer supuesto: hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa. Se trataría de un “delito de obstaculización digital”. Uno podría pensar que la penalización de la libre expresión en Internet está reservada a las webs yihadistas o similares, pero para el gobierno socialista francés estas webs provida son también muy peligrosas. No es que inciten a la violencia ni a la ocupación de una clínica, ni que insulten a su personal. Pero la ministra les acusa de “engañar deliberadamente a los internautas haciéndose pasar por sitios oficiales o neutros, y tratando de disuadir a las mujeres de recurrir a la IVG [interruption volontaire de la grossesse]”. Estas webs facilitarían “informaciones sesgadas con el fin de disuadir, culpabilizar o atribuir un traumatismo”. Es evidente que si a la ministra le preocupan estas webs es porque están encontrando suficiente audiencia, fuera de los canales oficiales que solo se preocupan de asegurar el derecho al 2 aborto. A juzgar por las palabras de la ministra, uno podría pensar que estas webs suplantan la IP de sitios oficiales, o utilizan el logo del Ministerio. Pero no hay nada de eso. Son unas webs más, que se llaman Ivg.net, SOS bébé, Afterbaiz… y que, como cualquier otra web, defienden su causa en uso de su libertad. En ellas se ofrece información sobre la legislación del aborto, alternativas, repercusiones médicas, testimonios negativos de mujeres que abortaron… El Ministerio les reprocha en un comunicado el “ejercer presiones psicológicas o morales a fin de disuadir a las mujeres de recurrir a la IVG”. ¿Pero no es esto lo que hace cualquier grupo que quiere cambiar algo? Por la misma razón, habría que perseguir a los que ejercen presiones psicológicas y éticas para pedir más protección para los animales amenazados o a los veganos que intentan disuadir a los adictos a la carne. Habría que meter en la cárcel a los de Greenpeace que nos culpabilizan por utilizar la energía nuclear, y multar a las webs de sindicalistas que han hecho campaña contra la reforma laboral del gobierno por ofrecer informaciones no neutrales. o Delitos de opinión Pero en el caso del aborto, el gobierno francés ha redescubierto el delito de opinión. Por supuesto, la ministra dice de entrada que los provida tienen toda la libertad del mundo para expresar sus opiniones contrarias al aborto. Pero, a renglón seguido, les amenaza con prisión y multas por lo que expresan. Da la impresión de que aquí hay una verdad oficial, que el gobierno define. ¿Es una “alegación falsa” afirmar que el aborto tiene secuelas psicológicas negativas? ¿No es científico decir que el feto tiene toda la información genética de una vida humana? ¿No es real la experiencia de mujeres que confiesan haber abortado por las presiones de su pareja o del entorno familiar? También es llamativo que la ministra reproche a estas webs el no ser neutrales, cuando la web oficial del ministerio (ivg.social-sante.gouv.fr) se exonera de esa neutralidad. En esa web todo se reduce a facilitar el derecho al aborto, se desanima la búsqueda de informaciones alternativas (“¡Cuidado con las informaciones publicadas en ciertas webs!”) y, puestos a contrastar informaciones, remite a sitios tan neutros como el de la Asociación nacional de clínicas acreditadas para el aborto. El intento de introducir este “delito de obstaculización digital” a través de una enmienda en un proyecto de ley sobre Igualdad y Ciudadanía ha despertado la preocupación no solo de los provida, sino también de juristas que no ven ninguna diferencia entre esto y el delito de opinión. Afortunadamente, el gobierno no tiene mayoría en el Senado, y los senadores han estimado que esta enmienda no guarda relación con este proyecto de ley, y no la han admitido a debate. También resultaba paradójico que en una ley sobre Igualdad y Ciudadanía se introdujera una enmienda dirigida a evitar que ciertas webs tuvieran igual libertad de expresión que las demás, y se impidiera así ejercer un derecho ciudadano. Instaurar un control de objetividad en la información en la web es algo tan descabellado o titánico que nadie se atrevería a proponerlo. Pero sí es un pretexto al que se agarran todos los gobiernos autoritarios para silenciar al discrepante. Que en el caso del aborto intente utilizarlo un gobierno de un país democrático, no deja de ser sorprendente. www.parroquiasantamonica.com Vida Cristiana