Aborto. El debate sobre la posibilidad de que las chicas entre 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres, puede ser - por muy preocupante que sea el aborto de adolescentes - como un señuelo para distraer la atención sobre el cambio más radical de la ley y evitar un debate de fondo.

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Aborto. El debate sobre la posibilidad de que las chicas entre 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres, puede ser - por muy preocupante que sea el aborto de adolescentes - como un señuelo para distraer la atención sobre el cambio más radical de la ley y evitar un debate de fondo. Cfr. El aborto de las mayores de edad Aceprensa - Firmado por Ignacio Aréchaga - Fecha: 2 Junio 2009 Al seguir el debate sobre la reforma de la ley del aborto da la impresión de que el único cambio importante –y el único conflictivo– sería la posibilidad de que las chicas entre los 16 y los 18 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Pero, por significativo que sea ese punto, no hay que perder de vista que hay otros cambios bastante más decisivos. Los sondeos y la polémica se han centrado en el aborto de las menores de edad, y, a juzgar por los resultados, el gobierno no podrá decir que en este punto hay una “demanda social”. El aborto de menores de edad a espaldas de los padres suscita un amplio rechazo, que, según las distintas encuestas, oscila entre el 57% (DIM para ABC), el 64% (Metroscopia para El País) y el 71% (Noxa para La Vanguardia). Afinando más, resulta que el desacuerdo con ese punto es también mayoritario entre los mismos votantes socialistas (entre un 56% y un 60%). Ante esas reacciones, no sería extraño que el gobierno introdujera algún cambio en este asunto para demostrar su “actitud conciliadora” y “en busca del mayor consenso social”. Podría requerirse el conocimiento de los padres, aunque no se exigiera su autorización. Podría establecerse que la joven fuera acompañada por algún adulto de su confianza, aunque no fuera uno de los padres. Y, puestos a ceder, podría incluso anularse esta disposición, y dejar las cosas como hasta ahora, de modo que las menores de 18 no pudieran abortar sin autorización paterna. Con alguna de estas fórmulas, el gobierno podría defender que su reforma es moderada, que busca un consenso social en torno a la regulación del aborto y que, resuelto este punto conflictivo, el resto del paquete legal es perfectamente razonable. Con esta táctica, se centra la atención en una propuesta extrema y revocable, para disimular el radicalismo de otros cambios que resultan inamovibles y evitar el debate sobre ellos. o El auténtico cambio Por muy preocupante que sea el aborto de adolescentes, no hay que olvidar que es una pequeña parte del total. Entre las jóvenes de 16 y 17 años, a las que afectaría el cambio legal, en 2006 se produjeron 4.297 abortos, lo que suponía el 4,2% del total de abortos. En cuanto a la tasa de abortos por mil mujeres de cada grupo de edad, las menores de 20 años tienen una tasa del 13,79 por mil, por debajo de las de 20-24 años (20,65) y de las de 25-29 años (15,57). Así pues, la mayor aportación al crecimiento del número de abortos no corresponde a chicas inexpertas, impulsivas y carentes de educación sexual, sino a mujeres hechas y derechas en la veintena y la treintena. Si todo el mundo reconoce que el aborto se ha disparado, y hasta el gobierno dice que pretende que se reduzca, lo que habría que debatir es cómo se va a reducir convirtiéndolo en un derecho y dando más facilidades. Porque el auténtico cambio conceptual de la ley es que el aborto deja de estar despenalizado en unos determinados supuestos para convertirse en un derecho jurídicamente exigible en las primeras 14 semanas y, en la práctica, hasta la semana 22 si existe algún riesgo para la salud de la mujer. Si la experiencia de la ley actual muestra que el riesgo para la salud psíquica de la madre se ha utilizado como un subterfugio masivo para el fraude de ley, mantener esa misma indicación hasta la semana 22 equivale al aborto a petición hasta ese plazo. Ya se trate de 14 o de 22 semanas, el debate debería también abordar cómo es compatible una ley de plazos, que consagra el aborto a petición, con lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce expresamente que la vida del nasciturus es un bien jurídico que goza de protección constitucional. Hasta ahora, el asunto del aborto de las menores ha actuado como un señuelo para distraer la atención sobre el cambio más radical de la ley y evitar un debate de fondo. Pero habría que empezar a debatir sobre el aborto de las mayores de edad, que representa el 95% del total. www.parroquiasantamonica.com