Eutanasia. Los defensores de la eutanasia están apelando, cada vez más frecuentemente, a distintas Cartas de Derechos Humanos. Esto está colocando a los jueces ante una perspectiva que favorece los argumentos subjetivos en detrimento de otras consideraciones del problema, como los posibles efectos de la legalización en médicos y hospitales, o el riesgo de abusos en enfermos terminales.

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1 Eutanasia. Los defensores de la eutanasia están apelando, cada vez más frecuentemente, a distintas Cartas de Derechos Humanos. Esto está colocando a los jueces ante una perspectiva que favorece los argumentos subjetivos en detrimento de otras consideraciones del problema, como los posibles efectos de la legalización en médicos y hospitales, o el riesgo de abusos en enfermos terminales. Cfr. La eutanasia busca un hueco entre los derechos humanos Fernando Rodriguez- Borlado, Aceprensa, 13 julio 2012 Los defensores de la eutanasia están apelando, cada vez más frecuentemente, a distintas Cartas de Derechos Humanos. Esto está colocando a los jueces ante una perspectiva que favorece los argumentos subjetivos en detrimento de otras consideraciones del problema, como los posibles efectos de la legalización en médicos y hospitales, o el riesgo de abusos en enfermos terminales. Una sentencia del Tribunal Supremo de la provincia canadiense de Columbia Británica contradice el criterio de varias resoluciones del Parlamento nacional. El Tribunal Supremo de Columbia Británica, una provincia canadiense, falló el pasado 15 de junio a favor de la British Columbia Civil Liberties Asociation (BCCLA). Esta organización había interpuesto una demanda para que se anularan las penas establecidas por el Código Penal en los casos de eutanasia y suicidio asistido (hasta 14 años de cárcel). El Tribunal ha establecido que la sentencia no será efectiva hasta dentro de un año, plazo que da al Parlamento nacional para discutirla. La reclamación de la BCCLA estaba inspirada en el caso de Gloria Taylor, una mujer de 64 años enferma de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que había solicitado ayuda para quitarse la vida, ya que su progresiva parálisis le impide hacerlo por sí misma. Taylor pedía que no se castigara a quien la asistiera a suicidarse. La despenalización de la eutanasia y la cooperación al suicidio asistido lleva bastante tiempo planteándose en la opinión pública canadiense, y también en los juzgados. El primer caso emblemático fue el de Sue Rodríguez (ver Aceprensa, 13-10-1993): aquejada también de ELA, llevó en dos ocasiones hasta el Tribunal Supremo de Canadá su propuesta de despenalización del suicidio asistido, pero en ambas los jueces dieron la razón al Estado. La última de las sentencias (de 1993) ha sido considerada desde entonces como un referente en la jurisprudencia canadiense sobre casos de eutanasia. Sue terminó quitándose la vida con la ayuda clandestina de un médico. o El caso Maltails En 2008, el caso de Chantal Maltails reabrió en Canadá el debate sobre la cooperación al suicidio. Mantails se ahorcó a los 49 años con la ayuda de su sobrino, Stéphan Dufour, que fue absuelto de todos los cargos por un tribunal regional. Aunque este caso fue considerado como una victoria por parte de los defensores del suicidio asistido, las palabras de Dufour en el juicio revelaron la presión emocional a la que se ven sometidos frecuentemente los familiares o médicos de los enfermos que desean suicidarse: “Todos los días me pedía que le ayudara (…) Yo no quería hacerlo, pero no pude soportarlo más. Sentía que estaba en una prisión”. El caso de Maltails provocó una gran polémica también a nivel político. Stephen Harper (primer ministro de Canadá desde 2006 y cabeza del Partido Conservador, tradicionalmente contrario a la eutanasia) declaró entonces que los diputados de su partido tendrían libertad de voto acerca de esta cuestión. En abril de 2010 el Parlamento canadiense votó mayoritariamente en contra de una propuesta –la tercera formulada por la misma parlamentaria en cuatro años– para despenalizar la 2 eutanasia (ver Aceprensa, 27-04-2010). El aplastante resultado de la votación (228 votos en contra frente a 59 a favor) y la contundencia del texto que la siguió parecían indicar un fuerte consenso y una gran claridad de ideas en el rechazo de la eutanasia y el suicidio asistido. Quizá por eso ha sorprendido tanto la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Columbia Británica. La Conferencia Episcopal de Canadá ha pedido al gobierno que recurra contra el fallo. Su presidente, el arzobispo de Edmonton Richard Smith, afirmaba en una declaración pocos días después de la sentencia que la verdadera compasión por los más vulnerables, ya sean enfermos o ancianos, lleva a promover una cultura donde cada persona sea entendida como un regalo, un don; conducirlos hacia el suicidio o la eutanasia no es una respuesta verdaderamente compasiva. Los defensores de la eutanasia pretenden disociar la dignidad de la vida humana en general de la de una vida en particular o La estrategia de apelar a los derechos humanos Margaret Sommerville, directora del Centro de Medicina, Ética y Derecho de la Universidad McGill (Montreal), ha publicado un artículo en MercatorNet donde explica por qué los defensores de la eutanasia están apelando a distintas declaraciones de derechos humanos: en el caso de Canadá, la Canadian Charter of Rights and Freedoms. Sommerville comienza analizando las posibles consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo de Columbia Británica. Los defensores de la eutanasia, comenta, suelen restringir sus argumentos al nivel subjetivo: estos se centran en la autonomía de una persona como si fuera equivalente a su dignidad, y suelen mezclar grandes dosis de sentimentalismo, apelando a la compasión. En resumen, pretenden disociar – artificialmente, según ella– el respeto que se debe a una vida humana en particular del que merece la vida humana en general. Además, Sommerville considera que incluso ese tipo de argumentos descansan sobre premisas falsas. Después de treinta años investigando y escribiendo sobre el tema, cree que muchos de los enfermos que piden la eutanasia lo hacen más por el miedo a morir abandonados o a ser una carga para sus familiares que por el temor a sufrimientos físicos. Otro argumento para oponerse a la eutanasia a nivel individual es el abuso al que puede dar lugar su legalización, y más en un contexto de envejecimiento agudo de la población. o Pendientes de dos sentencias El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene que resolver en los próximos meses un par de litigios que enfrentan a dos particulares con sus correspondientes Estados. Se trata de Ulrich Koch vs Alemania y de Alda Gross vs Suiza. Se espera que ambas sentencias ayuden a aclarar la ambigüedad con que este tribunal se ha pronunciado en materia de eutanasia. Koch era el marido de una mujer tetrapléjica que demandó a Alemania por no facilitarle una sustancia que le provocara la muerte. Después de que ella consiguiera un suicidio asistido en Suiza, su marido decidió continuar con la demanda, pero el Estado alemán le denegó la posibilidad de hacerlo ya que él no era la víctima del supuesto delito. Entonces Koch decidió apelar al TEDH. La sentencia sobre el caso de Gross puede ser más significativa. Esta mujer ha llevado al TEDH su demanda contra Suiza por no poder comprar pentobarbital para suicidarse. Las farmacias suizas pueden dispensar este tipo de sustancias, pero solo con receta. Para obtenerla, el médico tiene que comprobar que el paciente tenga una enfermedad terminal que le produzca intensos dolores. Alda Gross no tiene ni una cosa ni otra, pero ha declarado sentirse “cada vez más frágil” y no querer 3 envejecer más. Considera que al no facilitarle las sustancias letales, Suiza está incurriendo en un trato degradante para con ella. El TEDH ya ha juzgado un caso parecido. Se trata de una sentencia de enero de 2011, también por la demanda de un ciudadano suizo contra su país (Haas vs Suiza). El TEDH dio la razón a Suiza, porque consideró que cada país tiene un cierto margen para limitar la práctica del suicidio asistido. Con todo, reconoció una especie de “derecho general al suicidio”. En este contexto, la sentencia sobre el caso Gross puede suponer un paso importante para sentar jurisprudencia en uno u otro sentido. Así lo piensa el European Center for Law and Justice, una organización con estatuto consultivo especial en la ONU, que ha enviado unas recomendaciones al TEDH advirtiendo de los peligros de sancionar un “derecho al suicidio”. Además, el Comité de Bioética del Consejo de Europa está escribiendo una guía de tratamientos médicos para los momentos finales de la vida. Su orientación también será relevante para aclarar el estatus legal de la eutanasia y el suicidio asistido en Europa. www.parroquiasantamonica.com Vida Cristiana