La Iglesia. Sobre su labor asistencial. Uno de los tópicos más frecuentes contra la Iglesia es decir que vive de las subvenciones del Estado. Sin embargo, la realidad es distinta: la labor de la Iglesia en hospitales, colegios, centros de atención a inmigrantes o comedores es tan grande y eficaz, que la Administración ha suscrito numerosos conciertos económicos con entidades católicas para que desarrollen su misión, aprovechando al máximo los recursos y en áreas donde nadie más quiere estar. De hecho, en cada vez más casos, es el Estado el que incumple sus compromisos económicos y pone en riesgo la supervivencia de estas obras. Con quienes nadie quiere (el Cottolengo del Padre Alegre), la inmigración (Centros de Acogida), labor educativa (Centros escolares), Caritas (en 2010 atendió a más de seis millones de personas) y otras entidades de la Iglesia.

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1 La Iglesia. Sobre su labor asistencial. Uno de los tópicos más frecuentes contra la Iglesia es decir que vive de las subvenciones del Estado. Sin embargo, la realidad es distinta: la labor de la Iglesia en hospitales, colegios, centros de atención a inmigrantes o comedores es tan grande y eficaz, que la Administración ha suscrito numerosos conciertos económicos con entidades católicas para que desarrollen su misión, aprovechando al máximo los recursos y en áreas donde nadie más quiere estar. De hecho, en cada vez más casos, es el Estado el que incumple sus compromisos económicos y pone en riesgo la supervivencia de estas obras. Con quienes nadie quiere (el Cottolengo del Padre Alegre), la inmigración (Centros de Acogida), labor educativa (Centros escolares), Caritas (en 2010 atendió a más de seis millones de personas) y otras entidades de la Iglesia. Cfr. La Administración incumple los conciertos económicos, pero la Iglesia sigue haciendo su labor - Darse a los demás no hay quien lo pague..., literalmente Alfa y Omega n. 791 – jueves 21 de junio de 2012 Uno de los tópicos más frecuentes contra la Iglesia es decir que vive de las subvenciones del Estado. Sin embargo, la realidad es distinta: la labor de la Iglesia en hospitales, colegios, centros de atención a inmigrantes o comedores es tan grande y eficaz, que la Administración ha suscrito numerosos conciertos económicos con entidades católicas para que desarrollen su misión, aprovechando al máximo los recursos y en áreas donde nadie más quiere estar. De hecho, en cada vez más casos, es el Estado el que incumple sus compromisos económicos y pone en riesgo la supervivencia de estas obras Por Cristina Sánchez y José Antonio Méndez o Los enfermos a los que nadie quiere querer En el Cottolengo del Padre Alegre de Madrid, 8 Hermanas, con ayuda de personal cualificado y voluntarios, cuidan de 70 enfermas y de 5 Hermanas de la Congregación que no pueden valerse por sí mismas, y acogen a las enfermas que no atiende ninguna institución, y que no tienen familia -o si la tienen, no pueden hacer frente a su cuidado-. Las Hermanitas de los Pobres, de Madrid, viven con 85 ancianos que no pueden pagarse otro tipo de residencia, por sus mínimas pensiones o carencia de familia. Últimamente, las Hermanitas han estirado tanto su poco dinero para seguir cuidando a sus mayores, que ni siquiera tienen leche para desayunar, o fondos para pagar la calefacción. Lo mismo ocurre con los Hermanos de San Juan de Dios, en sus múltiples hospitales y residencias, que son el lugar de referencia en cuidados para enfermos mentales: tienen cientos de plazas cubiertas y amplias listas de espera de personas que no pueden pagarse otro tipo de centros. 2 En estos lugares, la Iglesia funciona a través de conciertos con Administraciones públicas, que envían la mayor parte de los pacientes. Y, con esos conciertos, la Iglesia pierde dinero: «Normalmente, el principio de las negociaciones, cuando se habla con gerentes para firmar el convenio, es para que nos paguen la mitad de lo que cuesta en realidad la plaza», cuenta Calixto Plumed, de la Orden de San Juan de Dios. No sólo salen perdiendo los centros por recibir la mitad de lo que costaría esa plaza, sino que, además, «desde que tengo uso de razón, existe la pelea por conseguir lo que se ha pactado. En 1880 fue el primer concierto de la Orden con la Comunidad de Madrid, y desde entonces estamos luchando para que los pagos lleguen a tiempo», recuerda. Y aun así, la Orden de San Juan de Dios ha continuado abriendo centros y atendiendo a las personas más necesitadas. Ahora, con la crisis, se retrasan más todavía los pagos, y las entidades eclesiales tienen que tirar de sus propios fondos para no dejar morir a los pacientes, o para poder acoger al gran número de personas en lista de espera, que, si no, se quedarían desvalidas. Pero sus fondos no son infinitos. o España ya no acoge Hace unos años, con el boom de la llegada de extranjeros a España, cientos de entidades abrieron sus puertas a los nuevos moradores de nuestra tierra. Y lo hicieron gracias, en gran parte, a que las Comunidades Autónomas tenían en sus planes de gobierno la atención a la inmigración, y firmaron múltiples conciertos con organizaciones privadas para poner en marcha centros de ayuda. A aquellos que desconocían nuestro idioma, les enseñaban a conocer el español y poder sentirse arte y parte de su barrio. A los que llegaron en patera en busca del sueño español y no sabían ni encender el ordenador para buscar trabajo, les enseñaban a utilizar Internet y abrirse al mercado laboral. A los que echaban de menos su patria y a su familia, les organizaban encuentros con otros compatriotas, donde bailaban su música, degustaban sus platos, y se sentían menos solos. A los que no lograban regularizar su situación, los asesoraban jurídicamente de forma gratuita. Y así, un largo etcétera. Muchos de esos centros que un día se abrieron, hoy se cierran. Porque en los planes de las Autonomías ya no está la inmigración como prioridad, se han recortado las partidas y no hay dinero para cumplir con los pactos. Y eso que, ahora, según ha declarado la ministra de Sanidad, doña Ana Mato, los inmigrantes irregulares con sida o cáncer sólo tendrán cobertura sanitaria mediante convenios que firmen las Autonomías con las ONG. Difícil si los centros se cierran. En la Comunidad de Madrid, algunos de los Centros de Integración y Participación de Inmigrantes (CEPI) del Gobierno autonómico -de carácter público y gestión privada- llevan meses sin recibir fondos de la Comunidad, y son las asociaciones privadas quienes tienen que hacer esfuerzos sobrehumanos, ya casi imposibles, para salir adelante. No son los únicos: Mónica García, directora de Red Acoge, denuncia que, dentro de la federación, que agrupa a 24 entidades repartidas por toda España, «sufrimos cómo algunas de 3 nuestras organizaciones se ha visto obligadas a cerrar o cesar la actividad, ante el impago de los convenios por parte de las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, que llevan más de un año de retraso, sin abonar los compromisos políticos asumidos a través de las subvenciones». Sin ir más lejos, esta semana ha sido la Fundación Alicante Acoge la que ha tenido que anunciar su cierre tras 21 años de trayectoria a favor de la integración de las personas inmigrantes, debido al incumplimiento de los pagos por parte de la Generalidad Valenciana. Y esto, afirma Mónica, «es sólo el comienzo». o La Administración no hace bien sus deberes La labor educativa que la Iglesia realiza a través de los centros escolares es una de sus más visibles acciones en favor de la sociedad. Sin contar con aquellos totalmente privados, los colegios de la Iglesia suponen casi el 25% del total de centros educativos de España. Sólo en 2010, cerca de millón y medio de alumnos (1.423.445) se formaron en 2.445 centros concertados. De hecho, según el Ministerio de Educación, los conciertos educativos suscritos entre el Estado y los centros de iniciativa social creados por la Iglesia, suponen un ahorro de 4.396 millones de euros a las arcas públicas. Don Luis Centeno, asesor jurídico de FERE-CECA (la patronal de centros católicos más numerosa), explica que «los conciertos educativos surgieron con la LODE, en 1985, como un contrato que suscriben la Administración y el titular de un centro, por ejemplo, una congregación religiosa, en virtud del cual la Administración dota al centro de fondos públicos para que éste ofrezca a las familias las enseñanzas básicas de forma gratuita, como establece la Constitución, desde un proyecto pedagógico privado». De esta manera, «se hace realidad el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos, la libertad de creación de centros docentes, y el compromiso de los poderes públicos de ayudar a los centros, que reconoce el artículo 27 de la Constitución. Gracias a los conciertos, los padres pueden elegir, no sólo entre la enseñanza estatal y privada, sino también un modelo acorde a sus valores y en régimen, en teoría, de gratuidad. Si no existieran los conciertos y sólo hubiese enseñanza estatal y privada, los derechos y la libertad de las familias quedarían en agua de borrajas, porque no podrían elegir». La realidad, sin embargo, muestra que la Administración no cumple con sus compromisos: las Comunidades Autónomas entregan a los centros concertados sólo la mitad de lo que cuesta el puesto escolar en la escuela pública; además, como confirma Centeno, «en cada vez más casos, se hacen los pagos con 5 o 6 meses de demora, no se abonan las nóminas de julio y agosto de los profesores de apoyo o de diversificación; y, desde 1993, el capítulo de Otros gastos (el que se destina a pagar las facturas y el mantenimiento del centro, entre otras cosas) ha subido un 23% por debajo del IPC, con lo que eso supone de pérdida de poder adquisitivo». Por eso, desde FERE reclaman al Gobierno «que se actualice el sistema de conciertos, que se haga un estudio del coste 4 real del puesto escolar, y que se solucione esta injusticia, porque quienes más se ven afectadas son, sobre todo, las familias». o Cuando dar es un milagro La crisis ha llevado a 9 millones de españoles a vivir con menos de 500 euros al mes, según la última memoria de Cáritas Española. En este contexto, la Iglesia ha centuplicado sus esfuerzos para que nadie pase hambre, ni frío. En 2010, Cáritas atendió a más de seis millones de personas (6.493.499) a través de sus sedes y locales, muchos de ellos ubicados en parroquias. Y, además, otras entidades de la Iglesia, sobre todo congregaciones religiosas, atendieron a más de un millón y medio de personas (1.784.307) en 2.183 centros para mitigar la pobreza, principalmente comedores y roperos, a los que acuden familias enteras. En el caso de los comedores, abastecer de alimentos a quien reparte cientos de comidas gratuitas al día no es fácil, y por eso las Comunidades Autónomas y muchos Ayuntamientos iban aportando subvenciones para que pudiesen comprar alimentos. Sin embargo, la crisis ha hecho que muchas Administraciones locales y autonómicas cerrasen ese grifo, al tiempo que sus Servicios Sociales derivaban a familias enteras a las parroquias y a los comedores. Sor Josefina, responsable del comedor que las Siervas de Jesús tienen en el madrileño barrio de Vallecas, explica que «el Ayuntamiento nos manda a familias enteras, que vienen con un informe de Servicios Sociales, para que les ayudemos. Pero la comida y las facturas sólo las pagamos por donaciones particulares, la ayuda de Cáritas y la colaboración de algunas parroquias. Es un milagro diario, pero lo que no podemos hacer es dejar de hacer lo que hacemos, porque nuestra misión es hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, no esperar a que nadie nos pague la factura». www.parroquiasantamonica.com Vida Cristiana